Por Noydis Rodríguez Benavidez
02 de mayo, 2024
El pasado 23 de abril se llevó a cabo la primera conferencia sobre las concesiones de radio y televisión que vencen con el gobierno de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.
El evento fue organizado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y se contó con la presencia de Oscar Jiménez Alvarado, Investigador del PROLEDI y CICOM; Juan Manuel Campos, Abogado y experto en Tecnologías de la Información y Comunicación; y Giselle Boza Solano, Coordinadora del PROLEDI.
La investigadora Boza mencionó que la radiodifusión abierta debe ser fundamental para la comunicación rural y comunitaria en Centroamérica, especialmente en temas de pluralismo, diversidad y de inclusión social en el diálogo democrático.
Además, indicó que es importante avanzar en la normativa que tiene Costa Rica en materia de radiodifusión sonora y televisiva, dado que se requiere de políticas públicas que abarquen el tema de diversidad de los medios.
Bajo esa misma línea, Jiménez expresó que desde la Universidad de Costa Rica la posición debe basarse en promover un “enfoque integral que no solo considere aspectos técnicos o políticos, sino que también se ponga en el centro el tema de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa, la diversidad y el pluralismo”.
Agregó que con el actual gobierno vencen el 78% de los contratos de concesión de televisión, el 94% de radio FM y el 77% de radio AM, en un periodo entre junio 2024 al 2025. Lo que preocupa dado que la situación puede conducir a un “apagón mediático” que afectaría a medios que no logren obtener las concesiones, esto generado por malas estrategias políticas. Por lo tanto, Jiménez afirma que “existe espacio libre para la inclusión de nuevos actores en el caso de la televisión, por lo que una eventual justificación de sacar algunos para que entren otros no procedería”.
Por otro lado, el experto Juan Manuel Campos menciona que existen tres elementos fundamentales en la asignación de frecuencias: que se otorgan por concesiones, por plazo limitado y son concedidas por la asamblea legislativa. Estos aspectos se han mantenido desde 1950 y para Campos esto se constituye como un “error estratégico”.
Asimismo, Campos afirma que “el marco jurídico para la renovación de concesiones, si existe, es el contrato, es un contrato bilateral” y que “la competencia específica para las concesiones es del poder ejecutivo y no de la SUTEL”.
Es por eso que Campos hace énfasis en que el eje central de la discusión es el manejo del poder ejecutivo, el cual puede decidir no renovar concesiones por razones de interés público. Sin embargo, estas razones deben ser justificadas adecuadamente y no pueden basarse en el desagrado del gobierno hacia ciertas líneas editoriales, ya que esto sería un problema de libertad de expresión.
Además, Campos señaló que en los casos de crisis los más afectados son los sectores empobrecidos, pues se les estaría limitando el acceso a la comunicación. Por lo tanto, para el experto “el mensaje de fondo es la diversidad para crear democracia en el país”.
Sin embargo, lamenta que se haya dado un mecanismo inconstitucional en los plazos de las concesiones y prevé un escenario de “colisión donde habrá que discutir estos temas en los tribunales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lo cual considera el peor de los escenarios. No obstante, Jiménez aporta que el debate debe ser tranquilo, libre de censura y tecnicismo, puesto que en la discusión se juega un fuerte componente social de derechos humanos, libertad de prensa y expresión.
Por último, desde el PROLEDI y el CICOM se reitera la necesidad de actualizar la normativa que guía la administración de las frecuencias, para establecer procedimientos claros y transparentes, donde se tengan en cuenta criterios no solamente “técnicos”, sino también de “pluralismo y diversidad”.
