Por Ana Laura Benavides Sánchez
El pasado 25 de mayo, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) en conjunto con el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), presentaron el Tercer informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Este es una iniciativa que se publica cada dos años desde 2018, con el objetivo de registrar las eventualidades más importantes sobre el derecho a la libertad de expresión en su dimensión social, así como llevar a cabo la recolección de estudios que impacten el ámbito de la ciudadanía comunicativa.
Para su realización, se cuenta con un equipo de investigadores e investigadoras que aportan una mirada multidisciplinaria desde sus áreas de especialización. Este tercer informe, se enfoca en algunos de los retos que existen en la sociedad democrática costarricense, tales como; la desinformación y las narrativas violentas en el entorno digital, las estructuras de concentración de poder en los medios de comunicación, la seguridad de periodistas en el ejercicio de su profesión, además de la calidad de la información y las discusiones sobre una ley de acceso a la información sobre asuntos de interés público. En esta ocasión, les presentamos algunos de los principales hallazgos del cuarto capítulo: Inseguridad y precarización, riesgos en el ejercicio del periodismo en Costa Rica.
Alrededor del mundo, es común hablar de la inseguridad que enfrentan los periodistas: situaciones provocadas por conflictos bélicos, mafia organizada, el tráfico internacional de drogas y la corrupción, entre otras, atentan contra la vida y la seguridad de quienes ejercen esta profesión. Y nuestro país no es una excepción a esto, a pesar de ser considerado un ejemplo en libertad de expresión.
Quienes dirigen los medios de comunicación, perciben amenazas a la libertad de expresión. Como principales fuentes de amenaza y hostigamiento se mencionan grupos políticos, el Estado y los grupos de presión. Dicha situación es potencialmente amenazante para la democracia, que ha prevalecido durante tanto tiempo a nivel nacional.
Para abordar este tema, se toman en cuenta nueve indicadores, los cuales abordan aspectos como el ambiente en que realizan el trabajo, la libertad para desarrollarlo, la protección de las fuentes de información, la cobertura de seguridad social y el uso de herramientas tecnológicas para mantener la seguridad digital, entre otros. Del mismo modo, se comparan cifras según zona geográfica y género.
Además, en este capítulo se desarrollan temáticas como: el marco normativo para garantizar el ejercicio profesional del periodismo, la ciudadanía comunicativa y seguridad periodística, los acuerdos parciales entre periodistas y directores de medios de comunicación sobre amenazas a la libertad de expresión, las múltiples condiciones de precariedad laboral amenazan el ejercicio periodístico y cómo la COVID-19 agudizó la precariedad laboral de periodistas.
Este capítulo se encuentra, para una lectura más a detalle, en el III informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica, disponible en el sitio web del PROLEDI o en el siguiente enlace.
