Por Mariela Vallejos Vargas
Hoy, 28 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información Pública. Esta celebración fue declarada el 17 de noviembre de 2015
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El derecho a saber o el derecho al acceso a información pública abre espacios para que todas las personas puedan buscar o solicitar cualquier tipo de información de interés público, para saber y entender el funcionamiento de las instituciones, tanto los aspectos positivos como negativos.
Para Costa Rica, este día es un recordatorio de la importancia que tiene el derecho a saber. Ya que nuestro país llega a sus 200 años sin un instrumento legal que garantice plenamente a la ciudadanía el derecho al acceso a información pública.
Procurar el cumplimiento de este derecho permite una participación ciudadana informada en los espacios públicos, genera un mayor involucramiento de la población y es clave para la rendición de cuentas genuina de las autoridades.
De igual manera, es importante para ordenar procedimientos y establecer un régimen de sanción en caso de que algún funcionario público violente este derecho.
Nuestro Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) se suma al llamado de adoptar una legislación sobre el derecho al acceso a información pública, que mejore los registros de apertura de datos, criterios de multilingüismo, diversidad cultural, y así como la integración de personas con discapacidad. Además, nos unimos al llamado que hacen diversos sectores del país:
Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información: Costa Rica llega al bicentenarios sin Ley de Acceso a la Información
Hoy 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información, también llamado del Derecho a Saber. Lamentablemente Costa Rica es uno de los cuatro países latinoamericanos, que no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información. Aprovechando la fecha, las organizaciones firmantes quisimos llamar la atención sobre esta deuda país.
Pese a que el país se ha comprometido internacionalmente a legislar sobre esto, a que el Presidente de la República lo prometió en su plan de gobierno (pág. 27 de Plan de Gobierno de Carlos Alvarado) y a que múltiples proyectos de ley han presentado a la Asamblea Legislativa, incluso después de extensos procesos de creación y consulta, llegamos al bicentenario sin el instrumento legal adecuado para garantizar este derecho humano fundamental, ordenar procedimientos diferentes en cada oficina y establecer un régimen sancionatorio a los funcionarios públicos que violenten este derecho. Todo ello sin retroceder los estándares garantistas que ha establecido la Sala Constitucional.
Hoy en día el derecho de acceso a la información pública se fundamenta en los artículos constitucionales 11, 27 y 30, en diversa normativa y en los argumentos legales de la jurisprudencia costarricense, especialmente de la Sala Constitucional. Pero ello no constituye el marco específico y especializado que daría una plena vigencia al derecho y no exime a Costa Rica de la necesidad de discutir y aprobar un proyecto de Ley que regule claramente el Acceso a la Información, garantizando el principio de no regresividad de los derechos humanos, ya que los derechos regulados en esta normativa se verían asegurados en el tiempo, fortalecidos y expandidos con la existencia de dicha Ley.
Pese a la creciente cantidad de información que la administración pública hace de conocimiento de la ciudadanía, lo cierto es que las mediciones específicas no muestran mejoría. En el 2019, en la Encuesta de Percepción de Transparencia en el Sector Público realizada por la Contraloría General, el 85% de la ciudadanía consideró que el sector público no comunica bien y 71% dijo que no es transparente. Las solicitudes de petición o de pronta resolución son de los casos que más frecuentemente llegan a la Sala Constitucional.
Otros indicadores relacionados como el Índice de Transparencia Legislativa, el Índice de Transparencia del Sector Construcción y el Índice de Transparencia del Sector Público presentan varios pendientes en cuanto acceso a la información en estas áreas.
Insistimos vehemente ante las autoridades en la impostergable necesidad de incrementar los niveles de transparencia y apertura que muestra la institucionalidad pública, para ello no solamente se requieren los mecanismos jurídicos, sino también mejoras administrativas y tecnológicas que pueden generar avances importantes en esta materia.
En el quehacer inmediato, una tarea urgente es monitorear la implementación del Decreto Ejecutivo No. 43200 y la Directriz No.073, del 2017, en el que se establecen unos mínimos estándares para el acceso a la información y la transparencia proactiva, aunque solo aplica para el Gobierno Central. En un seguimiento externo a estos decretos por parte de sociedad civil realizado en 2018, se encontró que en un tercio de las 112 instituciones estudiadas, todavía no nombraban a los Oficiales de Acceso a Información y que sólo una entidad pública cumplía en un 100% sus obligaciones de transparencia activa. Además de que persiste poca capacitación de funcionarios y ciudadanos sobre el ejercicio de este derecho, todo lo cual significa que todavía falta mucho trecho para una cultura de apertura en las entidades públicas.
Por parte de la ciudadanía, es necesario que se mantenga alerta y exigente de este derecho en su interacciones con las instituciones públicas. Se cuenta con instrumentos que se deben activar en mayor medida como por ejemplo las oficiales de acceso a la información, los eventos de rendición de cuentas de las entidades, observatorios ciudadanos, y el sistema de orientación virtual sobre acceso a la información (SOVAI) que brinda cartas modelo y acompañamiento en línea a las personas que quieran ejercer su derecho a saber, mecanismos de impugnación y enlaces para dirigir sus quejas.
Costa Rica llega al bicentenario sin que la ciudadanía cuente con un instrumento legal que le garantice plenamente el derecho al acceso a información, sin que esté sujeto a interpretaciones casuísticas. Es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y vital para la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de las autoridades.
Firmantes:
Abriendo Datos
ACCESA
Costa Rica Íntegra
Iplex
Ojo al Voto
Poder Ciudadano
PROLEDI
Territorios Seguros
Fundación Sordos con Vos
ACOPEDIV
Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica ADS
