El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll presentan el tercer Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica, un análisis crítico sobre las condiciones del periodismo en la región.
El informe examina la situación en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y concluye que las principales amenazas al ejercicio periodístico provienen de actores estatales que, en lugar de garantizar este derecho, lo vulneran.
Giselle Boza, Coordinadora de PROLEDI, señaló que este documento busca monitorear el estado del periodismo en la región, analizando sus amenazas, garantías y viabilidad democrática. Boza enfatizó que, lamentablemente, las condiciones para la libertad de prensa en Centroamérica continúan deteriorándose, con el Estado y las autoridades políticas como los principales opositores a la labor periodística. Destacó, además, el caso de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha bloqueado el acceso a los sitios web de cuatro medios recientemente.
Por su parte, Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Böll, subrayó la importancia del acceso a la información pública y la libertad de prensa para el fortalecimiento democrático. “Las restricciones al periodismo y la falta de acceso a datos oficiales socavan la confianza en las instituciones y limitan la capacidad de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos”, afirmó.
El informe recopila percepciones de 86 periodistas encuestados y 10 entrevistas en profundidad con mujeres comunicadoras, además de incluir un artículo sobre la captura de medios en la región, escrito por Francisco Robles-Rivera y Kevin Mora Ávila.
Óscar Jiménez Alvarado, coautor del informe señaló que el informe de este año evidencia una Centroamérica cada vez más peligrosa para el ejercicio del periodismo, donde los discursos estigmatizantes, la violencia digital y las amenazas contra periodistas y medios se han convertido en prácticas habituales. “Estos ataques no son hechos aislados, sino estrategias sistemáticas promovidas desde el poder. Presidentes, congresistas y militantes de partidos lideran una ofensiva contra la prensa que no solo busca desacreditarla, sino también generar un efecto cascada que intensifique las amenazas y la intimidación. Se trata de una situación muy grave, que normaliza la persecución y debilita las democracias de la región”.
La presentación del informe se llevó a cabo en una actividad virtual, donde la investigadora Johanna Rodríguez -coautora del informe, destacó cómo las perspectivas de las mujeres ocupan un lugar central en los hallazgos. El estudio reveló un aumento en la violencia de género contra las mujeres periodistas en comparación con el informe anterior. Muchas han debido exiliarse para proteger sus vidas y las de sus familias, lo que ha generado desempleo y la necesidad de buscar alternativas laborales fuera del periodismo.
Esta violencia no solo afecta su seguridad, sino que también condiciona su labor profesional. Las periodistas enfrentan dilemas sobre qué temas investigar, hasta qué punto profundizar o cómo difundir sus hallazgos en redes sociales. Incluso, muchas se ven forzadas a cuestionar si deben firmar sus investigaciones con su nombre o recurrir a seudónimos para preservar su anonimato.
Además, el temor a represalias ha llevado a una disminución en la cobertura de problemas sociales, políticos y económicos en la región. Rodríguez enfatizó que “para las periodistas, los ataques no solo afectan su credibilidad y salud mental, sino que también se dirigen a sus propios cuerpos”.
La violencia de género contra las mujeres periodistas no solo limita su ejercicio profesional, sino que también restringe la pluralidad informativa, condición esencial del derecho a la libertad de expresión en sociedades democráticas. Esta situación erosiona el acceso a información crítica e impide el desarrollo de un periodismo libre y diverso en Centroamérica.
Hallazgos clave del informe:
En toda la región, se observa una preocupante consolidación de discursos estigmatizantes en contra de periodistas y medios de comunicación. El análisis de contexto, del instrumento aplicado y de las entrevistas realizadas evidencia que, en los cinco países analizados, se está consolidando un discurso estigmatizante contra la prensa y las personas profesionales de la comunicación. Este discurso es impulsado por autoridades públicas y personas con puestos de poder, pero está generando un “efecto cascada” en otros niveles como lo demuestra el hecho de que los simpatizantes y militantes de partidos políticos son señalados como los principales responsables de las amenazas e intimidaciones recibidas por los periodistas consultados.
Se observa un retroceso regional de las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías para el ejercicio seguro del periodismo. El clima de confrontación en contra de periodistas incentivado desde el poder público en El Salvador y Costa Rica, la alta impunidad en los crímenes contra la prensa en Honduras, la embestida judicial en contra de periodistas, activistas y políticos por parte del “Pacto de Corruptos” en Guatemala y la consolidación de la dictadura en Nicaragua han hecho retroceder regionalmente, en los cincos países analizados, la libertad de expresión y de prensa durante el último año.
Quienes ejercen el poder público en Centroamérica son percibidos, con razón, como una de las principales amenazas para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Tanto el análisis del contexto como de las respuestas obtenidas a través de la encuesta digital muestran una percepción mayoritaria de que las amenazas al ejercicio periodístico provienen de simpatizantes de partidos políticos o de personas que ocupan cargos ejecutivos, legislativos o judiciales en los Estados de la Región. Se trata de una situación alarmante, en la que los actores encargados de garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa están, en realidad, contribuyendo a su vulneración y/o debilitamiento.
La violencia digital contra periodistas adopta múltiples formatos y trasciende redes sociales. Las respuestas obtenidas a través de la encuesta revelan el uso de memes, imágenes y videos como herramientas comunes de intimidación y acoso. Además, evidencian prácticas que incluyen la búsqueda de fotografías del rostro y datos personales de comunicadores y sus familias, así como el envío de correos electrónicos intimidatorios con el fin de maximizar y personalizar al máximo el alcance del hostigamiento virtual. No se trata únicamente de comentarios aislados en redes sociales: la violencia digital contra periodistas es multiformato y constante.
Centroamérica está frente a un futuro con más desafíos que posibilidades de avances. Entre los principales retos para la libertad de expresión y de prensa en la región se encuentran la consolidación de la infl uencia de Nayib Bukele en todas las instituciones salvadoreñas, la reforma constitucional que asegura el control absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el estado nicaragüense, y el arraigo del “Pacto de Corruptos” en las instituciones guatemaltecas. A estos se suman problemas como el narcotráfico, los discursos estigmatizantes dirigidos contra la prensa y la necesidad urgente de enfrentar la crisis del modelo de negocios del periodismo tradicional.
