Por Andrea Quesada Mata
De acuerdo con el abogado e investigador Jorge Córdoba Ortega “la legislación costarricense sigue siendo muy dispersa y poco uniforme en la regulación de temas relativos al acceso a la información, libertad de expresión y prensa, transparencia, rendición de cuentas, legalidad, derecho a la información de los usuarios, límites al derecho de acceso a la información, entre otros” explicó.
En su investigación Discusión legislativa sobre una ley de acceso a la información y transparencia publicada en el Tercer informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica, Córdoba presentó un análisis sobre el Proyecto de Ley General de acceso a la información pública y transparencia, Expediente N°. 20.799, y acerca del los puntos más relevantes de la Reforma de la Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.
Según la opinión del analista, es urgente y necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Marco en materia de acceso a la información pública, pues actualmente solo existe el Decreto N°. 40200 y esto no es suficiente frente a la regulación de un derecho fundamental como lo es la comunicación.
En este contexto Córdoba recomienda la aprobación del Proyecto de Ley General de Acceso a la información pública y transparencia. Sin embargo, destaca que deben aplicarse las observaciones de forma y fondo necesarios.
Uno de los aportes más relevantes que señala el autor sobre este proyecto de ley es que incluye un listado de la información que tiene carácter público en los sujetos obligados a brindar la información.
Esto es un parámetro importante, aunque aclara que las listas mencionadas en este capítulo deben ser tomadas como numerus apertus. Es decir, que en cualquier momento se puedan introducir otros supuestos de información de carácter público que no hayan sido incluidos en la Ley, ya sea vía decreto ejecutivo o al reglamento respectivo.
Este proyecto fue presentado por la ex- Diputada Carmen Chan Mora en el 01 de mayo de 2018. En su justificación se indica que el propósito de la ley es ser un instrumento de transparencia y lucha contra la corrupción en el ámbito público y privado. Un tema que ha estado presente en el ámbito noticioso del país, por ejemplo con casos como el Cementazo, Cochinilla, Diamante, Azteca, entre muchos otros. Estos casos evidencian golpes fuertes al Estado social democrático y a la transparencia administrativa.
