Analizar y debatir sobre el proyecto de ley 21.375, el cual busca reformar el marco normativo que regula la publicidad que utiliza la imagen de las mujeres, fue el objetivo de un foro celebrado el pasado viernes 24 de marzo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El espacio fue organizado por el Programa del Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), y contó con la participación de la investigadora Camila Ordóñez, Coordinadora del Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad, así como de la Diputada Rocío Alfaro del Partido Frente Amplio.
En su exposición, Ordoñez planteó que esta temática no es únicamente un asunto laboral, sino que también se encuentra relacionado con el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres. Desde esa posición, presentó un detallado análisis de la propuesta legislativa.
Entre otras cosas, la académica indicó que la actual legislación que regula este tema presenta importantes vacíos como, por ejemplo, la ausencia de medidas que incentiven la autorregulación, la inexistencia de sanciones económicas a quienes violenten sus artículos o la carencia de acciones preventivas, más allá del control previo por parte del Estado.
Con respecto a la iniciativa legislativa N° 21.375, Ordoñez indicó que es un buen punto de partida que potencia una regulación más efectiva de la publicidad comercial y que le permite al país avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)
De igual forma, Ordoñez señaló como otros puntos positivos la actualización de conceptos en materia de género e igualdad y la incorporación de multas a las personas físicas o jurídicas que comentan una infracción algo que, en su opinión, incentivaría la autorregulación de la industria publicitaria en este tema.
En sus conclusiones, la también académica del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) recomendó eliminar el control previo que establece la propuesta con el fin de hacer énfasis en las consecuencias posteriores. También indicó que sería positivo incorporar en el eventual reglamento distintos mecanismos para fomentar la autorregulación en el sector publicitario.
Por su parte, la Diputada Rocío Alfaro realizó una amplia explicación de su posición política con respecto a esta propuesta y se enfocó en aclarar varios aspectos que han causado confusión en el sector publicitario.
La legisladora explicó, por ejemplo, que las multas que se establecen en el proyecto dependen de la capacidad de pago por lo que no se va a sancionar a una empresa publicitaria pequeña que comete un error de la misma manera que a una empresa grande que realice una campaña deliberada que violente la legislación.
Alfaro también insistió que el proyecto se fundamenta en convenciones internacionales de derechos humanos, y que no busca violentar en ninguna circunstancia la libertad de expresión. Además, aclaró que la función de revisar la publicidad de previo ya se encuentra en la actual legislación desde la década de los setenta, y que dicha potestad ha sido inclusive validada por la Sala Constitucional en el pasado.
En sus conclusiones, ambas panelistas señalaron que es necesario regular la publicidad cuando se ponen en juego derechos humanos. De igual forma, también coincidieron en que es necesario avanzar hacia un modelo de autorregulación donde participen el Estado, las audiencias y el sector publicitario.