UCR promueve el conocimiento sobre alcances de la libertad de expresión

UCR promueve el conocimiento sobre alcances de la libertad de expresión

San José, 22 de febrero de 2016

Profesora Giselle Boza durante el taller Libertad de Expresión, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Un estado satisface sus obligaciones en materia de libertad de expresión solo al abstenerse de censurar o tiene obligaciones de impulsar políticas públicas y normativa para garantizar la universalidad en el ejercicio de este derecho humano?.

Bajo esta interrogante un grupo de delegados de la Defensoría de los Habitantes y del sector académico participaron el pasado 20 de febrero en el taller La libertad de Expresión, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El encuentro, realizado en el  marco del acuerdo suscrito entre la Escuela de Comunicación de la UCR y la Defensoría de los Habitantes, hace unos meses, fue inaugurado por la directora de la Escuela, Dra. Lidieth Garro quien manifestó su satisfacción por el avance en estas líneas de trabajo interinstitucional e impartido por la profesora Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de la UCR (PROLEDI)

Boza, quien es docente de la Escuela de Comunicación, entretejió la teoría con la práctica. Durante la primera parte del taller, abordó tema libertad de expresión y derecho a la información, y dentro de éste, la concepción clásica de libertad de expresión y prensa, el desarrollo del concepto de derecho a la información, además, el derecho a la comunicación como un derecho emergente, para cerrar con la regulación constitucional y los instrumentos internacionales de la las libertades comunicativas.

El segundo tema tratado fue la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, el que se profundizó en los principios que desarrolla Corte en algunas de sus sentencias más relevantes en materia de libertad de expresión: la doble dimensión de la libertad de expresión, la indivisibilidad de la expresión y la difusión, el control democrático de la sociedad a través de la opinión pública, la prohibición de censura y responsabilidades ulteriores, y la participación política y libertad de expresión de la ciudadanía, entre otros.

Posterior a la exposición teórica, los participantes se integraron en tres grupos de trabajo con el objetivo de colocar el tema en el contexto del sistema mediático costarricense.

De la libertad negativa a los nuevos conceptos.

La expositora hizo un recorrido por la noción de libertad de expresión en el  Estado Liberal (finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII),  concebida ésta como una libertad negativa, donde el Estado no interviene. Luego, la noción del derecho a la información (mediados del siglo XX con la Declaración Universal de Derechos Humanos) para cerrar con la  introducción en el debate internacional de las nociones de pluralismo, diversidad, democratización de las comunicaciones, universalidad del derecho a la comunicación y el acceso a la información, puntualizando lo ocurrido a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta con el surgimiento del  Informe Mac Bride.

Bajo la agenda liberal clásica, explicó, se mueven hoy los medios de comunicación; el estado no debe ejercer ningún tipo de regulación. Y frente a esta agenda, se construye otra en manos de sectores sociales, académicos y algunos estados, que plantea otro debate donde se incluya la gobernanza democrática de los medios, con visiones concentradas en la realidad de los países, que pide revisar la concentración de medios, porque éstos no reflejan la diversidad cultural, social, ideológica de las naciones.

Esta visión va más allá de la mera libertad de opinión y expresión. Incluye la participación, los derechos lingüísticos, el derecho a disfrutar de los productos de la creatividad humana,  el acceso a las nuevas tecnologías, la diversidad y el pluralismo en los procesos comunicativos.

También enfatizó en el rol del Estado como garante de los derechos humanos y el papel de la academia aportando conocimiento para la construcción de políticas públicas  y el de instituciones como la Defensoría en la tutela de los derechos humanos.

Como cierre del taller, planteó los límites a la  potestad reguladora del Estado en una sociedad democrática, enfatizando que el Estado sí tiene obligaciones de prestación para garantizar la universalidad en el ejercicio del derecho humano a la comunicación.  Ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el 2015 emitió una serie de criterios que se resumen en el siguiente texto: Los Estados tienen la obligación positiva de garantizar medios libres, independientes y la máxima diversidad de opiniones y de circulación de información. 

El pluralismo de ideas en los medios no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde  posturas divergentes.

 

Si desea más información visite el sitio web www.derechoalacomunicacion.ucr.ac.cr.

 

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