Macri destruye una Ley de Comunicación para el pueblo

Macri destruye una Ley de Comunicación para el pueblo

Entrevista con Néstor Busso, desde Argentina

1 de marzo de 2016 | Ester Vargas Ramírez

Néstor Busso, Presidente de COFECA de Argentina

El pasado 4 de enero el presidente de Argentina Mauricio Macri publicó un decreto de estado que destruyó por completo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “Argentina Digital”.

La popularmente llamada “Ley de Medios” había sido promulgada en 2009 por la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y había sido construida por 300 representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y comunitarias, integrados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Esta Coalición había estado trabajando desde años anteriores, y sentó las bases del cambio democrático hacia la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Argentina con la publicación de la iniciativa ciudadana “Los 21 puntos”, que concentra los aspectos más importantes para que la comunicación sea un derecho de todos los ciudadanos.

Con la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Argentina dio un paso histórico para desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada de nuevos inversores, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro.

Esta es una Ley que no solo introducía a Argentina en la era digital mediante una visión democrática, sino que también reemplazaba el decreto de ley que regía la comunicación en el país suramericano durante más de tres décadas, con una visión totalmente comercial y el amargo sabor de la dictadura que la creó.

Estos cambios provocaron las esperadas quejas de las empresas a las que ya pertenecían los medios, en especial el Grupo Clarín, quien presentó en diferentes ocasiones recursos ante la Corte Suprema de Justicia para cuestionar la constitucionalidad de los artículos que legislaban contra la concentración de medios.

Tras varios años de lucha en la corte el Grupo Clarín no logró que se desestimaran dichos artículos, sin embargo, sí consiguió que se retrasara varios años el cumplimiento de la ley.

Fue después de todos estos procesos que llegó Macri, en una etapa en la que el país está en crisis y desmembró lo construido por tantas personas y organizaciones (http://observacom.org/clipping/argentina-ministro-oscar-aguad-la-ley-de-medios-es-parte-del-pasado/). Así, el decreto devuelve al país suramericano a la idea de que en la comunicación todo es negocio, los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones son industrias y su interés la libre competencia y la facilidad de inversiones.

El decreto también elimina el AFSCA y AFTIC; que eran consejos y comisiones constituidas por representantes de todos los sectores interesados y que regulaban la ejecución de la ley, para crear el Ente Nacional de la Comunicación (ENACOM) que le da control total al Poder Ejecutivo.

Pero estas son solo algunas de las consecuencias que tiene este decreto, para entender mejor lo que pasa en el país suramericano entrevistamos al secretario de Derechos Humanos de Río Negro, ex presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, directivo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), e impulsoy de la Ley de Servicios Audiovisuales, Néstor Busso.

Cuadro interpretativo sobre el Decreto 267/2015 que crea el ENACOM

En el cuadro de más abajo se aprecia el cambio producido en el órgano de conducción de la nueva autoridad que regulará conjuntamente los servicios audiovisuales y las telecomunicaciones, que además genera un escenario de absoluta discrecionalidad del Ejecutivo, ya que este poder designará a cuatro (4) de los siete (7) miembros del directorio del nuevo organismo creado por el decreto: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) disponiendo de quórum y mayoría automática.Screen Shot 2016-03-30 at 6.13.47 PM

Asimismo, el Decreto 267/2015 realiza una operación quirúrgica sobre la regulación de los servicios audiovisuales por abonados (sistema mayoritario de acceso a la televisión en la Argentina) sacándolo de los alcances de la ley de servicios de comunicación audiovisual para asimilarlos al sector de las telecomunicaciones. Como se aprecia en el cuadro de más abajo, tal modificación liquida las regulaciones de concentración y propiedad cruzada así como los topes de mercado, que impiden el control monopólico del sector. Tales regulaciones habían sido declaradas constitucionales y en línea con los estándares regulatorios internacionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013 en el caso Clarín. Al mismo tiempo, el nuevo régimen crea un período de protección de dos (2) años para que Clarín consolide sus posiciones en el sector antes de abrir la competencia con las empresas telefónicas (Telefónica, Telecom, Claro, etc.)Screen Shot 2016-03-30 at 6.13.56 PM

 Por otro lado, el Decreto 267 establece un sistema de renovación indefinida de las licencias y retoma el criterio de los 90 de permitir la compra y venta de licencias sin autorización previa. También elimina el requisito de las audiencias públicas previas que había instalado la ley 26.522. Asimismo autoriza la colocación de bonos y obligaciones negociables en el mercado financiero hasta un 30%, lo que se había prohibido en el régimen anterior para garantizar la transparencia en la titularidad de las licencias de los prestadores audiovisuales, por el impacto social de su servicio.

El Decreto desregula la propiedad de los medios (o los re-regula a favor de los poderosos) al liberar los topes de mercado y límites a la cantidad de licencias en el caso de los servicios que no utilizan espectro radioeléctrico, al tiempo que sube las máximos permitidos en radio y televisión abierta tanto en el plano local como nacional.

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Finalmente y para que se entienda el carácter sesgado de este DNU se agrega un cuadro de la situación correspondiente a las empresas del sector audiovisual de Grupo Clarín según se lo mire con las leyes dictadas por el Congreso Nacional o lo que resultaría de la aplicación de este Decreto.

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