Jornadas de reflexión sobre las nuevas políticas públicas en materia de radio y televisión presenta posiciones divergentes sobre el tema

Jornadas de reflexión sobre las nuevas políticas públicas en materia de radio y televisión presenta posiciones divergentes sobre el tema

San José, 2 de setiembre del 2015
20150902225258 (1)

Jornadas de reflexión sobre políticas públicas en materia de radio y televisión.

Mientras el Programa de  Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) promueve un cambio integral en la legislación y la política pública sobre radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica, otros sectores consideran que la estructura matriz de la regulación ya está contenida en la Ley General de Telecomunicación y que sólo se requiere aplicarla a este sector.

En la primera parte de las jornadas de reflexión, convocadas por el PROSIC para discutir acerca de un nuevo marco normativo sobre radio y televisión,  se expusieron dos visiones en torno al tema y se dejaron planteadas muchas interrogantes, sobre todo dirigidas a sectores ausentes como la Cámara Nacional de Radio y Televisión, CANARTEL.

La actividad se realizó  el miércoles 12 de agosto, de 9:00a.m. a 12:00 md, en el auditorio de la Lanamme de la Ciudad de la Investigación, de la Universidad de Costa Rica y contó con la participación de Giselle Boza, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) y Juan Manuel Campos, abogado especialista en este tema. Estaba invitada la Presidenta de CANARTEL, Saray Amador, quien dos días antes canceló su participación.

Le moderación del encuentro estuvo a cargo del especialista en el tema de telecomunicaciones, Armando Vargas Araya, quien antes de iniciar con la presentación de los panelistas enfatizó que el PROSIC es un foro neutral, muy reconocido,  interesado en promover la discusión de un tema importante para el futuro del país. También señaló que el espectro radioeléctrico es propiedad de cada uno de los costarricenses, y que el Estado es el administrador.  “El habitante de la República es el soberano de las frecuencias; todos los demás son concesionarios, legisladores, administradores, y la Sala Constitucional así lo ha dicho en muchas oportunidades”.

Como punto de partida, lanzó varias preguntas orientadoras del debate: ¿Necesita el país  una  nueva  ley de radio y televisión? ¿Cuáles elementos deben incluirse en esa normativa y cuales deben dejarse por fuera? ¿Cuál debe ser proceso de transición? ¿Quién tiene la responsabilidad de formular un nuevo  proyecto de ley?

El primero en exponer fue el abogado Campos, quien aclaró que su participación era a título personal y que no representaba la posición de ningún sector. Se  remontó al ambiente que rodeó la aprobación de la ley de radio de 1954, al escenario legislativo y a los actores del momento. Planteó que la promulgación de dicha ley se puede catalogar como un “accidente legislativo”, que resultó en una legislación que pretendió regular servicios de radio, la cual incluyó todos los servicios inalámbricos de la época.

Ante las preguntas generadoras iniciales, dijo que tenemos que partir de que la ley de radio sufrió una serie de modificaciones profundas al aprobarse la Ley General de Telecomunicaciones, y lo que quedó fue un texto amorfo; sin coherencia.

Pero, dijo, si hablamos estrictamente del aspecto técnico, separando lo que tiene que ver con derecho a la información, libertad de Expresión,  publicidad y propaganda,  nos damos cuenta que la estructura matriz ya está contenida en la Ley General de Telecomunicación, de tal forma que habría que hacer pocos cambios para encerrar dentro del “género telecomunicaciones”, la subespecie “radiodifusión”. “Pareciera que lo más lógico es darle competencias a la SUTEL para que aplique una regulación técnica, según lo establece el Artículo 10 de la Ley de Telecomunicaciones, que no es otra cosa que monitoreo del espectro radioeléctrico”.

Desde su perspectiva, no se requiere un nuevo marco normativo y está claro que no se deben regular contenidos. “Con respecto al tema de libertad de expresión y derecho a la información,  el marco de libertades es muy sólido en el país, y la Sala IV ha sido contundente en este aspecto, y en caso de que alguien se vea afectado, el mecanismo de acudir a la Sala Constitucional está abierto”, enfatizó.

Sin embargo, señalo, hay temas que a Ley General de Telecomunicaciones no atiende, y es lo relacionado con la concentración, y este es un aspecto que no se puede eludir ni dejar de discutir. “Sin duda, la creación de monopolios es un gravísimo perjuicio para los usuarios, y hacen faltan normas en la Ley de Telecomunicaciones para atender ese tema, además, sí  se debe pagar un canon por el uso de la frecuencia”.

Finalizó su participación comentando que uno de los vehículos más poderosos de difusión de cultura es la televisión, y que el Estado debe adoptar medidas para resguardar la identidad cultural, los valores en que se funda la cultura, como lo ha señalado la Sala Constitucional, y que este asunto tiene que ver con el acceso al espectro radioeléctrico.

Luego expuso Giselle Boza, abogada y coordinadora del PROLEDI, quien desde hace años trabaja el tema.
Considera que la coyuntura actual es una oportunidad para replantear el modelo de comunicación del país, y para discutir muchos aspectos fundamentales que no se han debatido en Costa Rica.   Fue categórica al señalar que el país sí necesita un marco normativo y una política pública y que el Estado debe garantizar el acceso a las frecuencias de radio y televisión de manera equitativa. “La oportunidad que se le presenta al país es única y hay que aprovecharla”.

A manera de introducción mencionó que el tema de una nueva ley de radio y televisión  entra en el debate de los medios de comunicación nacionales en los últimos años, no solo a propósito de un mandato de la Contraloría General de la República, que en el 2013 emitió un informe sobre el proceso de implementación de la televisión digital en Costa Rica, y le ordenó al Poder Ejecutivo proponer un marco normativo en materia de radiodifusión sonora y televisiva, sino que es un tema pendiente por años en la agenda política del país.

Coincidió con Campos en que el marco normativo en Costa Rica en esta materia es obsoleto y no responde a las transformaciones sociales, económicas, culturales y mucho menos considera las transformaciones de carácter tecnológico, pero difiere en cuanto a separar los aspectos técnicos de los políticos y enfatiza que esta es una gran oportunidad para que el país  revise integralmente el modelo de comunicación vigente.

El contexto del debate actual

Boza recordó que la reforma jurídica en Costa Rica en esta materia se  ha pospuesto por años y que cualquier intento por crear un nuevo marco normativo, que replantee el modelo de radiodifusión sonora y televisa, provoca reacciones negativas. Mencionó los acontecimientos que motivaron la salida de la ministra y el viceministro del MICITT,  en abril de este año, a raíz de la redacción de un borrador de proyecto de ley para discusión. “En este caso, los sectores empresariales más importantes de la radiodifusión, advirtieron al país acerca de “sospechosos objetivos amordazadores”.

Agregó que al parecer la reacción mediática iba más allá, con intenciones de deslegitimar el debate y la discusión pública sobre un marco normativo.  Este texto borrador, si bien tuvo inclusiones desafortunadas,  fue censurado por incorporar temas como reserva de espectro, límites a la concentración de frecuencias y políticas afirmativas para la producción nacional, entre otros.

“Parece ser que la posición cómoda de algunos operadores privados con esta Ley,  reducida a 12 o 13 artículos por la Ley General de Telecomunicaciones, explica por qué durante tantos años se han querido amparar en esta legislación. Y es que la Ley del 54  permite la prórroga automática de las concesiones, la cesión de las mismas, con una simple puesta en conocimiento al Poder ejecutivo, impuestos ínfimos, no reconoce operadores diversos, ni prevé políticas afirmativas para la producción nacional e independiente”.

Recordó que CANARA se opone a que el país tenga un marco normativo moderno y evade la discusión planteando que con solo reglamentar la ley vigente se resuelve el problema. “Si bien existe opiniones diversas entre los mismos operadores de las distintas cámaras empresariales, quienes están a favor de una nueva ley tampoco están  dispuestos a que se cambie el modelo; insisten en que  solo es necesario regular espectro”.

Ante esta coyuntura,  la propuesta de algunos sectores sociales y académicos de abrir espacios para iniciativas ciudadanas y comunitarias y para el fortalecimiento de medios públicos, es ampliamente criticada por operadores y empresarios de la radiodifusión, quienes consideran que se trata de importar modelos de países con alta intervención estatal en los medios; “lo que a todas luces es  una falacia”.

Lo más preocupante explicó Boza, es que este marco normativo obsoleto, que ha propiciado concentración de frecuencias en algunos grupos económicos,  ha excluido la radiodifusión con fines sociales, y que carece de garantías para la diversidad, y la pluralidad, es el referente legal para el proceso de transición a la  televisión digital. “Hay sectores que consideramos que si no se regula esta materia, las desigualdades en el modelo de medios se profundizarán con la digitalización”.

Al finalizar su intervención también planteó otras interrogantes que el país debe resolver sobre el tema de Derechos comunicativos. Señaló que es necesario plantearse claramente qué regular, para qué y cómo hacerlo, y tener claro  que “en materia de radiodifusión no podemos desligar el tema de libertad de expresión”.

Ya la Relatoría de la Libertad de Expresión, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha definido claramente los objetivos que deben  tener nuestros países en materia de regulación de la radiodifusión, y sin dejar de lado el debate planteado en torno a qué regular, cómo y para qué hacerlo, sí es necesario discutir aspectos esenciales,  que no son nuevos, y que esta Relatoría ha señalado en una serie de documentos.

Concluyó que cualquier  marco normativo de política pública debe basarse en un marco jurídico que atienda los más altos estándares de libertad de expresión; “el país no solo requiere de un ordenamiento del espectro, requiere de una ley integral”.

La segunda jornada está prevista para el La segunda jornada está programada para el miércoles 20 de octubre, a las 9 de la mañana en el mismo auditorio y los expositores serán Germán Vargas Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Francisco Troyo del Viceministerio de Telecomunicaciones y los profesores Larissa Coto y José Fonseca de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.
Los temas a tratar en esta ocasión girarán en torno a cómo se debe preparar el país para el apagón analógico previsto para el 2017, los roles y responsabilidades del gobierno, del sector privado (productivo y comercial) y de los consumidores. Además de cuál debe ser la producción de contenidos y los mecanismos de Interactividad, alfabetización e información a los ciudadanos y el acceso y asequibilidad.

 

Página 1 de 11

Deja un comentario

Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI)
Página web: proledi.ucr.ac.cr
Teléfonos: +506 2511-6852 |+506 2511-6852 |+506 2511-3506
Correo electrónico: proledi@ucr.ac.cr
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC)
Página web: eccc.ucr.ac.cr
Teléfonos: +506 2511-6400
Correo electrónico: eccc@eccc.ucr.ac.cr>
Suscríbase a nuestro boletín