Falta más trabajo en la defensa de los derechos de los costarricenses

Falta más trabajo en la defensa de los derechos de los costarricenses

San José, 18 de noviembre de 2015 | Ester Vargas Ramírez
Foto Libertad de Expresion_5

Eduardo Ulibarri, docente de la Universidad de Costa Rica

La libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y las nuevas tecnologías están fuertemente entrelazadas y deben trabajar en función de los derechos humanos de la población. Este fue uno de los temas de fondo de los expositores del reciente foro organizado por el PROLEDI.

En el encuentro participaron María Fernanda Avendaño, de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), Eduardo Ulibarri, docente de la Universidad de Costa Rica y exdirector de La Nación, y Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional.

Los tres expositores hablaron sobre el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información en Costa Rica. Eduardo Ulibarri en especial se concentró en el carácter dual de la libertad de expresión, que no se trata solo del ámbito individual en el que nadie debe ser privado de emitir su pensamiento sino que también se trata de una libertad colectiva, la cual se ejerce mediante el acceso a la información.

Ulibarri también comentó acerca de las distorsiones que se presentan en muchos casos, porque las leyes que atienden lo relacionado con la libertad de expresión en Costa Rica, están basadas en países con una realidad total y completamente diferente. Ejemplo de eso, dijo, es que el concepto de Secreto de Estado en un país que no tiene ejército, de manera que la información que podría ser considerada bajo ese concepto es diferente a la que puede manejarse en un país con otra historia.

El exdirector de La Nación también se refirió a la necesidad de una ley de acceso a la información, que tenga jurisprudencia de lo que ya ha hecho el Poder Judicial. En especial es importante esta ley ante el crecimiento en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC). Para Ulibarri, las nuevas tecnologías deben potenciar el ejercicio al acceso a la información.

Sobre la necesidad de regulación también se refirió el presidente de la Sala Constitucional, Gilberta Armijo, quien se dio a la tarea de recordar a los asistentes de las luchas por la libertad de expresión que se extendieron en los años 80’s y 90’s, cuando se aceptó que las personas que ejercieran como periodistas no tenía que estar colegiadas.

También en esta época los ciudadanos empezaron a pedir información a las instituciones del Estado, y fue tarea del Poder Judicial dar la cara a estas solicitudes y resolverlas. Esto debido a una cultura de secretismo arraigada a las instituciones públicas latinoamericanas.

Armijo señaló que por la cantidad de solicitudes que se presentan al año ante la Sala Constitucional, se podría creer que este es uno de los países donde más se violan los derechos de los ciudadanos, pero, muchas veces se trata de falta de claridad y decisión de las instituciones públicas para actuar y entregar la información.

Armijo aseguró que es necesario arreglar el sistema para que se puedan presentar recursos conjuntos, se regule el acceso a la información y se facilite el trabajo de la Sala Constitucional.

Informe sobre la Transparencia de la Asamblea Legislativa

María Fernanda Avendaño, de ACCESA, presentó en el foro un estudio sobre el acceso a la información en la Asamblea Legislativa. Un trabajo que se realizó en conjunto con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que desarrolló una herramienta denominada Índice de Transparencia Legislativa.

Esta iniciativa busca conocer los estándares de transparencias de los congresos en toda América Latina, con indicadores en temas de acceso a la información, participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros.

Dependiendo de cada índice se tuvo un resultado de acuerdo con estado de la Asamblea Legislativa. El primer índice es Normativa, en el que el congreso costarricense logró un 53%. En esta sección se buscaba la existencia de regulación en temas de transparencia. En especial afectó la nota el hecho de que Costa Rica es uno de los pocos países de la región que todavía no cuenta con una ley que sistematice el acceso a la información, con protocolos de solicitud, formatos, sanciones, etc.

Luego sigue la Labor de la Asamblea, en el que tuvo un 71%, lo que significa que es el congreso con mayor calificación en Latinoamérica. En esta sección se evalúa el ejercicio práctico del acceso a la información. Esto quiere decir que sí hay acceso a la información, a los proyectos de ley, a las leyes, actas, a las funciones de la asamblea en general. Además, se evaluó la calidad y la facilidad del acceso al sitio web de la asamblea.

Sin embargo, en este ámbito queda el reto de que los costarricense tengan la posibilidad de conocer cómo votan los diputados. El ciudadano no sabe cómo vota cada diputado de manera que no sabe cuáles son los intereses de cada uno de ellos.

Otro índice es el Presupuesto y Gestión Administrativa, en el que se obtuvo la nota más baja con 36%. En este caso se encontró una ambigüedad en la garantía del acceso a la información. Para encontrar otras informaciones todo el proceso es muy sencillo, pero en cuanto a presupuesto la asamblea es hermética al respecto, ante una solicitud se pide que se vaya a la Contraloría o al Ministerio de Hacienda. Esto para los investigadores parecen decisiones arbitrarias en la garantía del acceso a la información.

Por último están los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que el congreso obtuvo un 48%, sobre todo en esta sección hace falta un mecanismo en la asamblea que fuera previo a la Sala Constitucional, para solicitar información que no está disponible al ciudadano.

En general, la Asamblea Legislativa de Costa Rica obtiene un mejor puntaje que el resto de Latinoamérica, sin embargo quedan muchos retos para mejorar. Si usted quiere saber más sobre este informe puede ver los resultados completos aquí.

 

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