Experta en Libertad de Expresión y Radiodifusión recalcó la necesidad de actualizar los marcos normativos en materia de comunicación

Experta en Libertad de Expresión y Radiodifusión recalcó la necesidad de actualizar los marcos normativos en materia de comunicación

San José, 19 de mayo de 2015
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Mesa de diálogo con especialistas en comunicación, diputados, comunicadores y representantes de organizaciones sociales.

El pasado 14 de mayo el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) en conjunto con la Fundación Ebert, reunieron en una mesa de diálogo a especialistas en  comunicación, diputados, comunicadores y representantes de las organizaciones sociales, en torno  al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, con énfasis en los principios que se deben tomarse en cuenta a la hora de discutir una nueva ley de radio y televisión para Costa Rica.

La exposición de Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación; Medios y Convergencia (OBSERVACOM) con sede en Uruguay,  fue el plato fuerte del encuentro, con el acompañamiento de Giselle Boza, coordinadora del PROLEDI, quien profundizó en el estado actual de la discusión en Costa Rica y de Marco Vinicio Zamora, de la Fundación Ebert, que invitó a los presentes a ser parte del debate político acerca de un nuevo marco normativo, con un enfoque de derechos.

En el auditorio estuvieron presentes el Rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Penington, y los diputados Ottón Solís Fallas, Javier Cambronero,  Patricia Mora, Marco Vinicio Redondo Quirós. Además de asesores de los diputados Carlos Arguedas, Gonzalo Ramírez y Olivier Jiménez.  También estuvieron Lidieth Garro, directora de la ECCC, Catalina Montenegro de la UNED, Andrea Alvarado del Colegio de Periodistas, Gunther Cyranek de la Unesco, entre otras personalidades.

Calleja profundizó en los principios sobre la libertad de expresión en una sociedad democrática y en la discusión que se está dando en América Latina para garantizar derechos a todos los sectores de la sociedad.

Explicó que  hay una actividad intensa en América Latina en torno a la  actualización de los marcos normativos de radiodifusión –muchos de ellos creados en los años 50 y 60 del siglo pasado- y sobre los modelos de comunicación. En ese sentido, ya existen algunas experiencias internacionales y  estándares en materia de libertad de expresión en el continente, que son orientadores para los estados.

Ante este panorama y por el aumento de consultas a la Comisión Interamericana de Derechos Humano debido a leyes desactualizadas,  la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, ha emitido declaraciones de principios sobre cuáles deben ser las condiciones para el ejercicio de esta libertad, el derecho a la información, y  estándares para una radiodifusión libre e incluyente.

El primero de ellos precisamente plantea cómo garantizar el derecho a la información de la ciudadanía,  el cual sólo se logra si se tiene un sistema de medios plural y diverso, y eso significa reconocer a por lo menos tres sectores: el sector comercial, el público y social o  comunitario.

“El hecho de tener muchos medios no significa diversidad; diversidad quiere decir diferentes formas en la propiedad y en los objetivos de los medios,  y lo que  tenemos en América Latina son asimetrías muy fuertes en los modelos: el modelo comercial tiene el 90% de las frecuencias, el estatal un 5% y el comunitario casi nada”.

Planteó que una de las barreras para ejercer plenamente la libertad de expresión está ligada a la concentración de medios, que se ha convertido en un problema estructural en América Latina, con efectos para la democracia: exclusión de mayorías,  invisibilización de muchos sectores de la sociedad, lo cual genera el mismo efecto que la censura; el silencio de muchos sectores.

Esto, dijo,   lleva a otro aspecto fundamental, y es que hay que reconocer que el espectro radioeléctrico no es patrimonio de nadie; es patrimonio de la humanidad y hay que exigir que el Estado asuma la responsabilidad de su administración, y trabajar en una autoridad reguladora independiente.

Considera que no hay posibilidad de seguir sosteniendo marcos normativos de hace más de tres décadas, porque simplemente no responden ni al desarrollo de la economía de los mercados ni al desarrollo de la libertad de expresión y del derecho a la información de las sociedades actuales. Es recomendable también que exista claridad en torno a si seguir legislando sobre plataformas tecnológicas o sobre servicios de radiodifusión.

La especialista señaló que  la aspiración es tener una ley garantista de derechos, que garantice competencia, que garantice democracia, que lleve a una igualdad sustancial y no solo formal. El  reto es cómo llegar ahí.

El debate en Costa Rica

El país está retrasada en la discusión para reformar y actualizar el marco normativo de radiodifusión, y es natural que existan posiciones divergentes –situación que también se dio en otros países del continente y el mundo- porque la  radiodifusión no es un mercado cualquiera, es un mercado que implica el ejercicio de otros derechos como es el de la libertad de expresión y el derecho a la información.

“En este debate, explicó, lo que importa  es recuperar la capacidad de uno y de otro lado y sobre todo del gobierno, para lograr los acuerdos necesarios entre los sectores, para transitar hacia una nueva ley”.

Es necesario rehacer el diálogo en Costa Rica, que permita avanzar hacia una  legislación tan urgente y  necesaria, y  es  recomendable identificar los mejores estándares y las mejores prácticas internacionales, de tal manera que se pueda avanzar, no solamente para tener un modelo plural democrático, sino para tener un fortalecimiento de la calidad democrática, concluyó.

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