El estado del marco jurídico de cara a la transición a TDT

El estado del marco jurídico de cara a la transición a TDT

San José, 10 de noviembre del 2015| Ester Vargas Ramírez

 

Radiodifusion

Imagen con fines ilustrativos

Quince de diciembre de 2017 a las 3:00 pm; esa es la hora en la que se dará el apagón analógico en Costa Rica, o al menos ese es el plan, y con este apagón vienen muchos cambios. La tecnología avanza y la legislación que atiende a las tecnologías que avanzan, debería evolucionar con ellas.

Pero en el país la evolución no se da al ritmo que se requiere, y eso que lo manda la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y lo plasma en el Informe Temático de Televisión Digital Terrestre (TDT) de 2014: “Estándares de la libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva”. Para el cambio de lo analógico a lo digital es necesaria una revisión de la legislación vigente en cada país con respecto radiodifusión.

El Informe de la CIDH dedica una sección al tema del marco jurídico relacionado con la llegada de la TDT. A partir de la revisión de esta información se procedió a comparar lo sugerido por la Comisión con lo que está sucediendo en el proceso de digitalización en Costa Rica. Para esto utilizamos el Capítulo 6 del IX informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2014, del PROSIC, con el título La Política de Implementación de la TV Digital en Costa Rica, escrito por la directora del PROLEDI, Giselle Boza Solano.

Nuevas normas

Como se dijo anteriormente, es necesario primero una revisión de la situación actual de la legislación y ante ésta definir nuevas normas, para esto la CIDH asegura que “la transición necesita de normas específicas para dar cuenta de la adopción de nuevos estándares técnicos”.

En el estado actual de Costa Rica, según lo menciona Giselle Boza, no hay ninguna ley que regule de manera expresa este proceso, todas las acciones del Ejecutivo se han orientado por vía de decretos para regular áreas específicas.

Además, el estado actual de marco normativo es obsoleto en materia de radiodifusión televisiva lo que “ha propiciado un desorden en el uso del espectro radioeléctrico y la consolidación de un modelo esencialmente comercial”.

Leyes específicas para la transición digital

Según el informe de la CIDH el nuevo marco normativo deberá contemplar las condiciones y requerimientos de toda la regulación en materia de radiodifusión. “Los Estados deberían desarrollar un marco legislativo y la estrategia para la radiodifusión digital”. Basados en estas recomendaciones, el informe propone como ejemplo muchos estados europeos que han adoptado leyes específicas respecto a la transición digital.

Para la transición el Gobierno ha promulgado varios decretos, entre ellos el Decreto Ejecutivo de 2011, para la Transición Digital Terrestre, reformado en 2012 y 2014.

Dicho Decreto intenta normar y promover la digitalización de los servicios de radiodifusión. Sin embargo, según la investigación de Boza, éste “no regula más allá de las medidas y acciones técnicas necesarias para el proceso de transición hacia la digitalización de los servicios de radiodifusión por televisión de señal abierta en el país”.

De manera que, en la actualidad el país no cuenta con un marco normativo o un conjunto de políticas públicas de carácter integral que definan las prioridades nacionales en materia de TDT. Boza afirma además que “en general, el país ha dictado una serie de reglamentos para regular áreas específicas del proceso, sin un referente sobre el modelo de televisión digital al que aspira como sociedad democrática”.

Precisión y claridad en las normativas

La CIDH le da especial importancia a que el marco legal regulatorio provea seguridad jurídica en términos lo más claros y precisos posibles. De manera que, se “debería procurar evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan a potenciales actos de arbitrariedad que implique la discriminación de una personas, grupo o sector de la radiodifusión”.

Es necesario entonces que sea la ley la que establezca los aspectos sustantivos de la regulación; es decir, que no delegue la definición de las políticas centrales de la actividad de radiodifusión en la autoridad de aplicación.

En comparación con el Informe, los decretos que se utilizan como marco normativo en el proceso de digitalización en Costa Rica no cuentan, en su mayoría, con una definición de metas cuantificables de política pública que permitan avanzar hacia sus logros, según menciona Boza.

Debido a la falta de una nueva ley de radiodifusión, el régimen concesional de radio y televisión está configurado de acuerdo con la ley de radio de 1954, la cual tiene una serie de deficiencias como la prórroga automática de concesiones, la cesión de las mismas con la sola notificación al Ejecutivo, impuestos ínfimos con base a la economía de los años 50, la ausencia de categorías de operadores o el estímulo a la producción audiovisual.

Este vacío en el ámbito jurídico ha sido señalado por diferentes sectores, entre estos la Procuraduría General de la República y la Universidad de Costa Rica quienes coinciden que el proceso de implementación de la TDT requiere de una regulación expresa vía ley de la República.

Promover la igualdad

Lo que busca la CIDH es que en todos los países se dé un proceso de transición e implementación de la TDT que sea democrático, de manera que garantice, proteja y promueva condiciones de igualdad y sin discriminación se garantice el derecho de sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas.

Para esto el Informe de la CIDH asegura que: “Los Estados deberían evaluar las posibilidades de emisión derivadas del uso del dividendo digital, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación.”

Costa Rica para el proceso de digitalización de la televisión abierta no ha fijado dentro de sus prioridades la necesidad de incorporar nuevos actores a los servicios de radio difusión.

Boza afirma que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, incluye el objetivo de “ampliar el acceso a servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender otras necesidades de comunicación e información a las ya existentes”.

No obstante, la investigadora también detectó que el proyecto no determina si se tratará de operadores públicos o privados con fines de lucro o de carácter social o bien, si se dará prioridad a operadores de carácter local o comunitario.

Por su parte la Ley General de Telecomunicaciones y su reglamento solo establecen dos tipos de operadores de servicios de radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica: comercial y cultural.

Esto significa la gran ausencia de operadores diversos, como lo son los medios comunitarios o de organizaciones sociales sin fines de lucro, que según Boza “es una de las grandes deudas de las políticas públicas y la legislación en este país”.

Además, como se mencionó anteriormente hay un gran vacío en la legislación nacional con respecto a las concesiones, lo que también representa que hace falta trabajo en la limitación de la concentración de medios.

Estamos a nada del apagón analógico y Costa Rica no cuenta con una legislación actualizada, no hay políticas de fomento a la diversidad audiovisual o a los usos sociales de la TDT, no se ha hablado de interactividad, tema que el país parece posponer una y otra vez. Para que este sea un país democrático es necesario que el medio de mayor alcance a nivel nacional sea diverso, inclusivo y que esté normado por leyes y políticas que fomenten la participación ciudadana.

 

 

 

 

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