Costa Rica requiere legislar sobre acceso a la información

Costa Rica requiere legislar sobre acceso a la información

San José, 16 de octubre de 2015 | Ester Vargas Ramírez

Eduardo Ulibarri, docente de la Universidad de Costa Rica

Si bien existe coincidencia en la necesidad de que el país cuente con un marco normativo sobre acceso a la información pública, existe el temor de que la legislación no considere la amplia y garantista jurisprudencia de la Sala Constitucional en esta materia. Bajo esta premisa hablaron los expositores del foro organizado por el PROLEDI el pasado martes 13 de octubre, denominado Libertad de expresión, acceso a la información y nuevas tecnologías.

En el encuentro participaron  María Fernanda Avendaño, de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), Eduardo Ulibarri, docente de la Universidad de Costa Rica y exdirector de La Nación, y Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional. Los tres expositores hablaron sobre el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información en Costa Rica.

Eduardo Ulibarri recordó el carácter dual de la libertad de expresión; por un lado, la dimensión individual en la que nadie debe ser privado de emitir sus pensamientos, opiniones e informaciones y su dimensión colectiva, que se  ejerce mediante el acceso e intercambio de información.

El exdirector de La Nación también se refirió a la necesidad de una ley de acceso a la información, que incorpore la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en especial  ante el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC). Sin embargo, expresó sus temores de que una eventual legislación esté basada en países con una realidad total y completamente diferente.  Ejemplo de esto, citó, es la noción de secreto de Estado en un país con ejército a uno sin fuerzas armadas como el nuestro.

El presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo, por su parte, se refirió a la gran cantidad de recursos de amparo que conoce el órgano jurisdiccional para la tutela del derecho de acceso a la información pública.  Considera el Magistrado que existe una cultura institucional de secretismo y de falta de capacidad de decisión para otorgar la información a los ciudadanos.

Armijo recordó conceptos desarrollados por la Sala Constitucional como el de casa de cristal, que hace alusión a la obligación de transparencia y rendición de cuentas que tienen los órganos públicos. También citó el caso de entes de derecho privado obligados con esta garantía de acceso a la información pública.

Sobre libertad de expresión, mencionó votos relevantes de la Sala, como el que anuló la colegiatura obligatoria de los periodistas en 1995 -apoyado en una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 1985 y la sentencia sobre la garantía del secreto de las fuentes periodísticas.

En materia de acceso a la información la jurisprudencia de la Sala es vastísima. Citó varios casos de libertad de expresión y de acceso a la información por parte de periodistas, y ciudadanos en general, en el nuevo escenario de las tecnologías de la información y comunicación.

Informe sobre la Transparencia de la Asamblea Legislativa

Por su parte María Fernanda Avendaño, de ACCESA, se presentó en el foro con un estudio sobre el acceso a la información en la Asamblea Legislativa. El trabajo  se realizó en conjunto con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que desarrolló una herramienta denominada Índice de Transparencia Legislativa.

Esta iniciativa busca conocer los estándares de transparencias de los congresos en toda América Latina, con indicadores en temas de acceso a la información, participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros.

Dependiendo de cada índice se tuvo un resultado de acuerdo con el estado de la Asamblea Legislativa. El primer índice es Normativa, en el que el congreso costarricense  logró un 53%. En esta sección se buscaba la existencia de regulación en temas de transparencia. En especial afectó la nota el hecho de que Costa Rica es uno de los pocos países de la región que todavía no cuenta con una ley que sistematice el acceso a la información, que integre protocolos de solicitud, formatos, sanciones, etc.

En el índice Labor de la Asamblea, con un 71%, se evaluó el ejercicio práctico del acceso a la información. Esto quiere decir que en la práctica sí hay acceso a la información, a los proyectos de ley, a las leyes, actas, a las funciones de la asamblea en general. Sin embargo, en este ámbito queda el reto de que los costarricense tengan la posibilidad de conocer cómo votan los diputados.

Otro índice es el Presupuesto y Gestión Administrativa, en el que se obtuvo la nota más baja con 36%. En este caso se encontró una restricción a la garantía del acceso a la información, por el nivel de hermetismo o la remisión a otros entes para conocer la información financiera.

Por último están los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas,  en el que el congreso obtuvo un 48%, sobre todo en esta sección hace falta un mecanismo en la asamblea que fuera previo a la Sala Constitucional, para solicitar información que no está disponible al ciudadano.

En general, la Asamblea Legislativa de Costa Rica obtiene un mejor puntaje que el resto de Latinoamérica, sin embargo quedan muchos retos para mejorar. Si usted quiere saber más sobre este informe puede ver los resultados completos aquí.

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