Acceso a Internet: un derecho imprescindible

4 diciembre, 2020
  • Brecha digital agudiza las desigualdades sociales
  • El acceso a internet permite mayor incidencia en la deliberación pública

Los avances científicos y tecnológicos en el mundo globalizado, han impactado derechos fundamentales como consecuencia del auge de Internet. El uso del correo electrónico, redes sociales, inteligencia artificial, entre otras manifestaciones tecnológicas, cambian y vulneran el ejercicio de derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, la educación, la salud y la intimidad.

Desde esta lectura, el magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Cruz Castro, introdujo el tema “Acceso a Internet como derecho: ¿Qué significa hoy?” en el programa de Voces y Miradas del pasado jueves 12 de noviembre.

Este quinto conversatorio moderado por la M.Sc. Johanna Rodríguez, docente y encargada de proyectos del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), también contó con los comentarios de la docente e investigadora M.Sc. Giselle Boza.

De acuerdo con el Dr. Cruz, la brecha digital evidencia la existencia de personas dentro de la sociedad en situación de desventaja por no contar con acceso óptimo a las nuevas tecnologías de información y del conocimiento.

Grupos sociales tradicionalmente vulnerables como comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, población en estado de pobreza, micro y pequeños empresarios, enfrentan una serie de dificultades en el acceso y uso pleno de Internet.

“Es fundamental eliminar la brecha digital, en particular en zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana, pues sin acceso universal a la buena conectividad se profundiza aún más las desigualdades”, aseguró el magistrado Cruz.

En el país las plataformas de Internet se encuentran en su mayoría en manos de entes privados que ofrecen un servicio de conectividad, lo cual demanda una acción estatal que propicie el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas y que vele por medio de políticas públicas por la igualdad y el cierre de la brecha digital.

El derecho a Internet es un elemento imprescindible para la sociedad actual, ya que democratiza el conocimiento al poner información inmensurable al alcance de cualquier persona, además de facilitar la participación de ciudadanos en la gestión estatal, fomentando su transparencia y estableciendo los medios necesarios para ejercer la libertad de expresión.

“En la época que vivimos, el Internet se convierte en una condición para el pleno desarrollo individual y social de derechos humanos como la educación, el trabajo, la salud, la libertad de expresión, el acceso a la información, así como para comunicarse con sus seres queridos o comprar alimentos”, afirmó Cruz.

Aunque en Costa Rica no existe una norma que reconozca el acceso a Internet, desde el 2010 hay una serie de jurisprudencia de la Sala Constitucional que sí lo hace, la cual marca un hito importante en el reconocimiento de este derecho fundamental.

En los comentarios a la exposición del magistrado, Giselle Boza enfatizó que el acceso a Internet resulta fundamental para no excluir a las personas del diálogo social y la llamada “democracia electrónica”, puesto que el surgimiento de Internet marcó un cambio en el ejercicio de los derechos comunicativos al permitir una mayor incidencia en la deliberación pública.

“Antes teníamos una comunicación unidireccional en manos de algunos medios de comunicación y también un creciente grado de intervención de las personas en la provisión de contenidos, pero hoy en día estamos en posibilidad de producir, controlar y difundir la información”, aseveró Boza.

Las plataformas de Internet como motores de búsqueda y las redes sociales se han convertido en espacios privados donde tiene lugar la deliberación pública. Con base en esta premisa, Giselle Boza considera válido preguntarse si dichas plataformas deberían ser reguladas bajo criterios democráticos que garanticen la libertad de expresión y el acceso a la información.

“Hoy en día no sabemos con qué criterios estas grandes plataformas moderan contenidos en el entorno digital y determinan de alguna manera las condiciones en que accedemos a la deliberación pública”, dijo Boza.

El cierre del programa estuvo marcado por una serie de consultas realizadas al Dr. Cruz por parte del estudiantado del curso Derecho a la comunicación y por la identificación de una serie de nuevos desafíos que deben ser abordados, entre los cuales está las obligaciones de los operadores privados; la política pública que debe desarrollar el estado costarricense para atender la info exclusión, las obligaciones del Estado con Fonatel y con el uso eficiente de sus recursos, entre otros.

Para mayor información de nuestros conversatorios, puede dirigirse al Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) en nuestros horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ya sea vía telefónica al 2511-6852 o 2511-6858 o bien, al correo electrónico proledi@ucr.ac.cr.