Jorge Córdoba: “Normativa costarricense es amplia y dispersa en materia de acceso a la información pública”

22 septiembre, 2018

Por Manuel Mojica · manumojica.ucr@gmail.com


Profesor Jorge Córdoba

Después de un análisis de leyes costarricenses y normativa internacional, el investigador jurídico Jorge Córdoba – docente y catedrático de la UCR – concluyó que la normativa del país no es suficiente para regular múltiples expresiones de la libertad de expresión.

El trabajo del abogado se enmarca en la publicación del I Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, una publicación realizada por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según Córdoba, el marco constitucional del país y la normativa internacional ratificada establecen mecanismos claros para ejercer, de forma efectiva, el derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye el acceso a información pública, el derecho de petición y se vincula con la transparencia y rendición de cuentas necesarias para una sociedad democrática.

Uno de los principales desaciertos es la falta de una ley que regule el acceso a la información pública como derecho, ni que tampoco establezca límites. Actualmente, hay múltiples iniciativas en discusión en corriente legislativa.

Un punto a favor es el Decreto Ejecutivo No. 402000, el cual intenta suplir las necesidades en la ausencia de la ley. Este decreto crea, en cada institución pública, la figura de una persona que debe velar por el adecuado cumplimiento de la normativa en la materia. No obstante, este decreto es insuficiente.

Conozca más del decreto ejecutivo en este enlace.

Por otro lado, hay consistencia en la línea jurisprudencial que reafirma el respeto y la protección a los derechos, pero, según Córdoba, “esta se desarrolla muy casuísticamente”.

Cabe destacar que la Sala Constitucional ha considerado a las universidades públicas como entes a los cuales se puede acudir en busca de información. Algunos de los temas tratados en los votos constitucionales incluyen: el monto de salario de las personas funcionarias (voto No. 13951-2008), así como su grado académico (voto No. 011149-2012); el acceso a las actas de los órganos colegiados (voto No. 10480-2009) y la información que deben brindar las personas que ejerzan como decanas (voto No. 017432-2014).


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